Para regular la reclamación de las cláusulas suelo incluidas por muchos bancos en sus préstamos hipotecarios el BOE de 21 de enero de 2017 publicaba el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. A través de esta medida se pone en funcionamiento un sistema extrajudicial para que los consumidores que tengan este tipo de cláusulas en su hipoteca, puedan reclamar a la entidad crediticia que corresponda lo que hayan abonado de más.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 y la del Tribunal Supremo nº 241/2013, de 9 de mayo, las entidades bancarias están obligadas a devolver lo percibido de más gracias a esta cláusula, cuando al misma sea considerada abusiva. Y habrán de reintegrar al cliente todo lo percibido de más durante la vida del préstamo, más los intereses legales.

Con esta nueva regulación los clientes podrán reclamar extrajudicialmente el abono de estas cantidades y, en el plazo máximo de tres meses, llegar a un acuerdo con su banco. Si no se alcanzase tendrán expedita la vía judicial y podrán exigir el abono de intereses y costas. No obstante, si no se acude a esta vía amistosa -en la que bancos y consumidores no están obligados a llegar a un acuerdo-, no podrán reclamar las costas procesales si su caja o banco paga voluntariamente.

La forma de reclamar es diferente en cada entidad financiera, pues las mismas tienen la potestad de definir su propio sistema de resolución extrajudicial. Es decir, según la entidad con la que cada consumidor tenga contratado su préstamo con garantía hipotecaria, así será el proceso. Pese a que parece que la intención es de favorecer a los consumidores, la ejecución de este Real Decreto-Ley favorece principalmente a las entidades bancarias, pues se les ahorra el pago de tasas y costas procesales por alcanzar un acuerdo que, antes del dictado de esta norma, ya podían hacer.

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